Durante décadas, la pregunta que definía el éxito de un proyecto era simple: ¿cuánto se ejecutó? El porcentaje de gasto ejecutado era el indicador por excelencia, tanto en el sector público como en organizaciones privadas con responsabilidad social. Ejecutar más significaba gestionar mejor.
Hoy esa lógica está siendo desplazada por una pregunta más exigente: ¿qué cambió gracias a esa inversión?
No es un cambio cosmético. Es un giro de paradigma que está redefiniendo cómo se diseñan, financian y evalúan proyectos en todo el mundo — y que tiene implicancias directas para las organizaciones públicas y privadas que operan en el Perú.
El modelo tradicional de evaluación de proyectos se construyó sobre una premisa razonable: si el dinero fue gastado según lo planificado, el proyecto fue exitoso. Los informes de avance medían porcentajes de ejecución presupuestal. Las auditorías verificaban que los fondos fueron utilizados correctamente. Los indicadores de cierre confirmaban que las actividades se completaron.
Este enfoque tenía una lógica clara en contextos donde la transparencia y la rendición de cuentas financiera eran el principal problema. Si el dinero no se desviaba y las actividades se ejecutaban, era razonable asumir que algo bueno estaba ocurriendo.
El problema es que esa asunción dejó de ser válida. Porque ejecutar actividades no garantiza generar resultados. Y gastar el presupuesto no garantiza crear valor.
La brecha entre ejecución y resultados se volvió demasiado evidente para ignorarla.
Proyectos con 100% de ejecución presupuestal que no cambiaron nada en la realidad de sus beneficiarios. Infraestructura construida que nadie usa. Capacitaciones impartidas que no se tradujeron en mejoras de desempeño. Inversión social cuantiosa que no redujo conflictos ni generó confianza.
El presupuesto ejecutado mide el esfuerzo. No mide el resultado. Y la diferencia entre ambos es, precisamente, donde la gestión marca la diferencia.
Como señala el IFC en su marco de medición de impacto anticipado (AIMM, por sus siglas en inglés): la medición de impacto permite a las organizaciones seleccionar mejor los proyectos, diseñarlos para maximizar resultados y ajustarlos en el camino cuando los datos muestran que algo no está funcionando. Desde enero de 2018, todos los proyectos nuevos de inversión del IFC cuentan con una puntuación de impacto esperado desde antes de ser aprobados — no solo al cierre.
Eso es exactamente lo que el modelo tradicional no permite: intervenir a tiempo.
El movimiento ESG (Environmental, Social and Governance) aceleró la transición hacia una evaluación centrada en resultados. Los criterios ESG exigen a las organizaciones demostrar — con evidencia, no con declaraciones — cuál es su contribución real a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.
Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas:
En ese contexto, no tener un sistema de medición de impacto no es solo una debilidad técnica. Es un riesgo financiero y reputacional.
La OCDE, en su guía Measure, Manage and Maximise Your Impact (2024), es explícita al respecto: la evidencia de impacto no solo sirve para demostrar valor ante los stakeholders, sino también para diversificar fuentes de financiamiento y acceder a mercados públicos y privados. Las organizaciones que no hablan el idioma del impacto quedan progresivamente excluidas de los espacios donde se toman las decisiones de inversión más importantes.
El cambio no es solo conceptual. Los principales organismos multilaterales ya lo han institucionalizado.
El IFC implementó su sistema AIMM (Anticipated Impact Measurement and Monitoring) como marco obligatorio para todos sus proyectos de inversión. El sistema evalúa el impacto esperado antes de aprobar un proyecto, monitorea resultados durante la implementación y evalúa outcomes al cierre. En el año fiscal 2025, el IFC comprometió 281 proyectos de inversión con una puntuación promedio de impacto de 58 puntos — tres puntos más alta que el año anterior, reflejando un foco creciente en proyectos de alto impacto en mercados emergentes, clima y poblaciones vulnerables.
La OCDE ha desarrollado un marco de dos ejes para mapear principios, metodologías, estándares y métricas de gestión e impacto alineados con los ODS. Su mensaje central es que tanto actores públicos como privados necesitan implementar prácticas efectivas de medición y gestión del impacto para movilizar financiamiento hacia el desarrollo sostenible.
Los organismos multilaterales de desarrollo están migrando activamente hacia modelos de gestión por resultados. El foco ya no está en las actividades ejecutadas sino en los resultados verificables — un cambio que afecta directamente cómo se diseñan los términos de referencia, cómo se seleccionan los consultores y cómo se evalúa el desempeño de los proyectos.
En el Perú, la tensión entre ejecución y resultados es particularmente visible en el sector público. El Sistema Nacional de Presupuesto incorpora el Presupuesto por Resultados (PpR) como herramienta oficial desde 2007, pero su implementación sigue siendo desigual. Muchas entidades tienen programas presupuestales con indicadores de resultado bien definidos en el papel, pero sin los sistemas de información ni las capacidades técnicas para medirlos con rigor.
El resultado es paradójico: el marco normativo ya exige gestión por resultados, pero la práctica cotidiana sigue midiendo ejecución.
Esto genera tres problemas concretos:
Primero, invisibilidad del impacto real. Sin medición sistemática, las entidades no pueden demostrar qué cambió gracias a su intervención. Y lo que no se puede demostrar, no se puede defender ante la ciudadanía, ante el MEF ni ante los organismos cooperantes.
Segundo, incapacidad de aprender y ajustar. Medir impacto permite identificar qué funciona, qué debe ajustarse, dónde asignar recursos y cómo escalar iniciativas exitosas. Sin esa información, los proyectos se repiten sin mejora y los errores se institucionalizan.
Tercero, exclusión de financiamiento internacional. Los fondos de cooperación, los bancos multilaterales y los mecanismos de blended finance tienen criterios de impacto cada vez más exigentes. Las organizaciones peruanas que no pueden demostrar impacto verificable quedan progresivamente fuera de esas oportunidades.
La transición del cumplimiento al impacto no es una moda conceptual. Es una respuesta racional a la evidencia de que ejecutar presupuesto no garantiza generar valor.
Las organizaciones que están liderando este cambio — en el sector público, en la empresa privada, en la cooperación internacional — comparten una convicción: la verdadera pregunta no es cuánto costó un proyecto, sino cuánto valor generó.
Adoptar esa lógica requiere tres cosas:
En INNOVAPUCP acompañamos a organizaciones públicas y privadas en ese proceso: desde el diseño de marcos de medición de impacto hasta la evaluación de proyectos con metodologías rigurosas y alineadas a los estándares internacionales de los ODS y los criterios ESG.
Porque la gestión que no mide su impacto no está gestionando. Está gastando.
¿Qué es la gestión por resultados en proyectos? La gestión por resultados es un enfoque de gestión de proyectos que centra el diseño, la implementación y la evaluación en los cambios verificables que el proyecto genera en su población objetivo, en lugar de enfocarse únicamente en las actividades realizadas o el presupuesto ejecutado.
¿Cuál es la diferencia entre medición de ejecución y medición de impacto? La medición de ejecución evalúa si las actividades se realizaron y el presupuesto fue gastado según lo planificado. La medición de impacto evalúa qué cambió realmente en la realidad de los beneficiarios como consecuencia de esas actividades. Un proyecto puede tener 100% de ejecución y cero impacto real.
¿Qué es el sistema AIMM del IFC? El AIMM (Anticipated Impact Measurement and Monitoring) es el marco del IFC para evaluar el impacto esperado de sus proyectos de inversión antes de aprobarlos, monitorear resultados durante la implementación y evaluar outcomes al cierre. Desde 2018, es obligatorio para todos los proyectos nuevos del IFC.
¿Cómo se aplica la medición de impacto en el sector público peruano? En el Perú, el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) establece la obligación de medir resultados en los programas presupuestales. Sin embargo, la implementación efectiva requiere sistemas de información, indicadores bien definidos y capacidades técnicas para recopilar y analizar datos de impacto con rigor.
¿Qué marcos internacionales se usan para medir impacto en proyectos? Los principales son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, los criterios ESG, el sistema AIMM del IFC, los marcos de la OCDE para economía social y los Indicadores Armonizados para Operaciones del Sector Privado (HIPSO) usados por los bancos multilaterales de desarrollo.
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